Más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno fueron suspendidos por decisión del juez Raúl Ojeda, quien advirtió una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores. La medida cautelar, solicitada por la CGT, deja parcialmente sin efecto los aspectos más sensibles de la normativa, aunque no constituye un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.
La resolución judicial alcanza modificaciones centrales como el cálculo indemnizatorio, la limitación del cómputo de la antigüedad y la eliminación de la presunción de relación laboral por la sola prestación de servicios. Asimismo, frena la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El fallo también suspende la ampliación de los servicios mínimos durante huelgas y la incorporación de las denominadas “actividades de importancia trascendental”. En materia sindical, quedan sin efecto las restricciones a asambleas, la reducción del crédito horario para delegados, los recortes en la tutela sindical y la posibilidad de sanciones a organizaciones gremiales, incluida la pérdida de la personería.
En otro tramo, la decisión judicial detiene el fraccionamiento obligatorio de vacaciones y la creación de un banco de horas por acuerdo individual. Además, frena la exclusión de los trabajadores de plataformas digitales del régimen laboral, que pasaban a ser considerados independientes.
La cautelar también bloquea la quita de competencias a la Justicia Nacional del Trabajo, la reducción de intereses en juicios laborales y la opción de que las empresas abonen sentencias en 12 cuotas.
Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que apelará la medida y cuestionó a quienes buscan, según sostuvo, “obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”.
Por su parte, desde la CGT, el cosecretario general Cristián Jerónimo afirmó que la resolución “demuestra que los sindicatos tenían razón” y confirmó nuevas presentaciones judiciales. En la misma línea, el secretario de Interior, Héctor Daer, celebró el fallo y señaló que la Justicia “puso un límite constitucional” a la reforma laboral.