Un jurado de Estados Unidos declaró culpables a Meta (la empresa dueña de Facebook e Instagram) y YouTube por generar adicción en menores a través del diseño de sus plataformas, en un fallo considerado pionero que podría sentar jurisprudencia y abrir la puerta a cientos de demandas similares.

La decisión se conoció tras un juicio en Los Ángeles, donde se concluyó que ambas compañías actuaron con negligencia al favorecer mecanismos que fomentan la dependencia digital en niños y adolescentes. Como resultado, deberán indemnizar con tres millones de dólares a la demandante, una joven identificada como Kaley G. M., aunque el proceso judicial continúa y podría derivar en sanciones económicas más elevadas.

El caso se complementa con otro fallo en Nuevo México, donde un jurado determinó que Meta priorizó sus beneficios económicos por sobre la seguridad de los menores, afectando su salud mental. En ese proceso, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares. Ambos juicios forman parte de una ola creciente de litigios en Estados Unidos, donde incluso 41 estados ya habían iniciado acciones legales contra la compañía por prácticas similares.

La historia personal de Kaley fue central en el juicio. La joven comenzó a utilizar plataformas digitales desde muy pequeña y llegó a pasar hasta 16 horas diarias conectada, desarrollando una fuerte dependencia. Su madre describió el impacto en su vida al afirmar: “Creo que las redes, su adicción a las redes, han cambiado el modo en que funciona su cerebro”. También señaló que “no tiene memoria a largo plazo. No sabe vivir sin un teléfono. Es capaz de emprender una batalla solo con que toques su móvil”. Estas declaraciones fueron claves para evidenciar las consecuencias psicológicas del uso intensivo de redes sociales.

Durante el proceso también declaró Mark Zuckerberg, quien sostuvo que los menores de 13 años tienen prohibido usar Instagram y afirmó: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”. Además, defendió el rol de su empresa al señalar que su objetivo es contribuir a la investigación científica y no solo obtener ganancias.

El fallo marca un antecedente comparable a los juicios contra la industria tabacalera en los años noventa, al poner en debate la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la salud pública. Mientras avanza una segunda etapa judicial que podría agravar las sanciones, el caso refuerza la idea de que el impacto de las redes sociales en los menores ya es considerado un problema estructural con implicancias legales y sociales de gran alcance.

Con información de El País