El bloque de Bien Común presentó un proyecto de resolución que propone reformular una ordenanza del año 2004 y convocar a equipos técnicos de universidades de la región para elaborar un plan estratégico de ordenamiento del tránsito en Punta Alta.

La iniciativa apunta especialmente a regular la circulación del tránsito pesado y optimizar los recorridos del transporte público, con una planificación sostenida en el tiempo.

“Hace más de 20 años, el Municipio firmaba un acuerdo con la UTN para avanzar en la planificación urbana en materia vial. En ese marco se realizaron estudios de velocidad y flujo en arterias principales, mediciones de emisiones contaminantes, encuestas a peatones, conductores e inspectores, y análisis generales sobre la circulación vinculada al tránsito pesado”, recordó el concejal Daniel Medina.

En ese sentido, remarcó que la realidad actual presenta nuevos desafíos: “En estas dos décadas la ciudad cambió. Hoy muchos vecinos conviven con el tránsito de camiones provenientes del puerto —uno de los principales exportadores de petróleo del país—, se registran hundimientos de la calzada por deterioro del suelo y pérdidas de ABSA, y existe un déficit de señalización e indicadores viales”.

Además, señaló la necesidad de una política sostenida en el tiempo: “No hay un plan consensuado entre oficialismo y oposición que garantice una estrategia de largo plazo”.

El proyecto plantea definir prioridades claras en materia de ordenamiento vial, particularmente en lo referido al tránsito pesado, y avanzar en una planificación técnica de los recorridos del transporte público.

“Se trata de actualizar una herramienta existente, no de confrontar. La participación de universidades aportaría rigor técnico y una mirada externa que fortalezca la toma de decisiones. Existen antecedentes, como el caso de Bahía Blanca, donde se convocó a instituciones académicas en el marco de la emergencia del transporte público”, sostuvo Medina.

Finalmente, indicó que la propuesta también busca prevenir siniestros viales y establecer zonas de circulación definidas, teniendo en cuenta reclamos vecinales por el impacto del tránsito pesado en la infraestructura urbana y en las viviendas particulares.