El déficit que hoy atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) no es un fenómeno repentino ni inevitable. Según documentación y antecedentes analizados, la situación actual responde a dos factores centrales que explican el deterioro progresivo de sus finanzas.
En primer lugar, los bajos salarios del personal militar. Durante la gestión anterior se había iniciado un proceso de jerarquización salarial impulsado por el entonces presidente Alberto Fernández y el ministro de Defensa Jorge Taiana. Dicho esquema fue interrumpido, afectando de manera directa los aportes que sostienen el sistema solidario de la obra social y debilitando su estructura de ingresos.
El segundo factor señalado es una administración deficiente durante la gestión Petri–Milei. En apenas dos años, el IOSFA tuvo tres presidentes distintos, quienes asumieron la conducción de una institución que contaba con más de 5.000 millones de pesos de superávit. En un corto período, ese excedente se transformó en un déficit consolidado que supera los 150.000 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya brindado una explicación pública y detallada sobre el destino de esos recursos.
Frente a este escenario, la solución que hoy se impulsa desde el Gobierno genera fuertes cuestionamientos: excluir al personal de Gendarmería y Prefectura, junto a sus familias, del sistema del IOSFA. La medida contradice los principios básicos de administración de cualquier obra social, ya que reducir la cantidad de afiliados activos debilita el financiamiento y la capacidad de sostener prestaciones.
El interrogante se vuelve aún más evidente si se considera que, según declaraciones de la ministra Patricia Monteoliva, el personal de Gendarmería y Prefectura resulta atractivo y rentable para empresas de medicina prepaga como Swiss Medical. Si son considerados un “buen negocio” para el sector privado, ¿por qué no lo serían para una obra social estatal como el IOSFA?
La posible desaparición del IOSFA parece inscribirse en una lógica ya aplicada en otros organismos del Estado. Un antecedente directo es la disolución de la ANDIS, donde ante presuntas irregularidades el camino elegido no fue investigar ni transparentar la gestión, sino eliminar la estructura institucional.
Con el objetivo de anticiparse a este escenario y acceder a información clave, el 30 de diciembre pasado se presentó un pedido formal de acceso a la información pública, que hasta la fecha no ha sido respondido, profundizando las dudas sobre la falta de transparencia en la administración y el futuro de la obra social.
