“Nos están llevando nuevamente al conflicto” El Gobierno metió por la ventana en el dictamen de presupuesto la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo. Ambos colectivos, en alerta, auguran un 2026 con nuevas movilizaciones. Facultad tomada. El Gobierno profundiza el conflicto universitario. (Valeria Ruiz) El artículo 75 del nuevo Proyecto de Presupuesto, subrayado, no tardó en inundar los grupos de whatsapp que comparten madres y padres de hijos con discapacidad, los prestadores del sistema y los profesionales del área. Ese artículo, introducido por la ventana en la previa de la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda de este martes, da por derogada la Ley de Emergencia en Discapacidad, por la que pelearon durante todo el año. Primero para sancionarla en ambas cámaras, luego para rechazar el veto presidencial, y más tarde en los tribunales, donde venían de obtener un fallo favorable la semana pasada. “Nos angustia porque es la prueba cabal de que al Gobierno ya no le importa nada, ni el Congreso, ni la justicia, mucho menos la gente”, le dijo a Página/12 Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algo similar sucedió con la comunidad universitaria: el mismo artículo, el 75, también propone derogar la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía recomponer el salario docente y garantizar el funcionamiento de las universidades. Al igual que la Emergencia en Discapacidad, había sido sancionada por amplio margen tanto en Diputados como en el Senado. Un consenso similar rechazó más tarde el veto de Milei. La novedad cayó como un balde de agua fría. “No es un ataque más al sistema. Para nosotros es volver al 2024. Esto nos deja de nuevo en el punto de partida de la primera marcha federal, a pelear contra viento y marea”, relató a este medio Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica. “Están llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”, agregó por su parte el Secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA, Emiliano Cagnacci. Ambas normas, junto a la Emergencia pediátrica (la ley del Hospital Garrahan) habían corrido la misma suerte: tras el rechazo a los vetos, Milei las promulgó pero sin los fondos necesarios para su cumplimiento, por lo que quedaron suspendidas. La oposición venía denunciando la incosntitucionalidad de ese artilugio. La comunidad universitaria, además, impulsó varios paros --el último en la UBA, de una semana completa-- y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) presentó un amparo contra el decreto que suspendió el Financiamiento. Las organizaciones de discapacidad hicieron lo propio: siguieron saliendo a la calle --marcharon en diciembre a Congreso y también a Plaza de Mayo, junto al Garrahan-- y obtuvieron un fallo favorable en la justicia federal de Campana que obliga al Gobierno a aplicar la ley. En Casa Rosada diciedieron, este martes, redoblar la apuesta: en medio de la tensión con ambos sectores, el Gobierno metió por la ventana la derogación de ambas leyes en el nuevo proyecto de Presupuesto. El texto obtuvo dictamen favorable gracias a la inestimable colaboración del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores aliados, y se votará este miércoles en el recinto. El peronismo intentará voltear el artículo 75 y otros --como el 76, que restringe el acceso a las pensiones por discapacidad-- que se votarán por separado durante el debate. Habrá que ver qué sucede con los legisladores de la oposición colaboracionista que dos meses atrás habían votado a favor de esas mismas normas e incluso, en algunos casos, contra los vetos de Milei. Cómo impactarían las derogaciones *Universidades: Sin ley, sin paritarias: En el caso de las universidades, las partidas presupuestarias proyectadas por el Gobierno para 2026 se mantenían prácticamente sin variaciones respecto de 2025. De acuerdo a un análisis de la Asociación Civil por la Igualadad y la Justicia (ACIJ), la caída acumulada desde 2023 es del 32 por ciento en total. Esa caída explica los bajos salarios y el ahogo para el funcionamiento de las clases. En ese marco, la ley que había sido impulsada por la comunidad universitaria establecía una compensación salarial retroactiva y una actualización mensual de los sueldos en base al IPC del INDEC. Lo que recibieron a cambio fue un aumento por decreto de casi el 30 por ciento, dictado en junio de este año. Para el 2026, la propuesta salarial se plasmó en una resolución del Ministerio de Capital Humano de este lunes, que establece aumentos de entre el 1 y el 2,5 mensuales, hasta acumular un 25 por ciento para enero de 2027. La decisión se tomó sin paritarias. "Es una situación gravísima y es una muestra gratis de la reforma laboral: nos recortan el salario sin que los gremios podamos discutir en una mesa negociación, desconociendo nuestra representación gremial", describió Staiti, de la Conadu Histórica. Pero además, la ley también proponía actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria. Según ACIJ, “los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”. *Discapacidad: más que Emergencia, colapso La ley de Emergencia significaba un gran alivio para los prestadores de salud, educación y transporte, que habían logrado una asignación para recuperar retroactivamente lo perdido desde 2023 y una acutalzación también mensual a partir del IPC de inflación. Cuando suspendió la ley, el Gobierno otorgó aumentos del 30 por ciento hasta enero de 2026. El presupuesto establece una actualización trimestral de los aranceles, pero igualmente no alcanza: las organizaciones calculan que, con la ley vigente, tendrán el doble de los fondos que el Gobierno les ofrece. Pero además, el problema son las pensiones por invalidez (otra vez el recorte: en las metas del presupuesto se estima que se darán de baja casi 200 mil, pese a los fallos judiciales) y los talleres protegidos: los trabajadores con discapacidad que se emplean en ellos siguen cobrando una asignación estímulo de miseria, clavada en los 28 mil pesos desde noviembre de 2023. “Más que emergencia, estamos en colapso”, concluyó.