En medio de la cuenta regresiva para que se venza el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.

El proyecto, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año, había sido sancionado el 22 de agosto. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor, contra ocho rechazos.

No obstante, este jueves a la madrugada se oficializó el veto, por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminaron en el segundo artículo del documento, tras haberse revisado la totalidad del texto.

“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.Además, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.

A la vez que objetaron al artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, debido a que esta medida implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejen de ingresar al Tesoro Nacional, criticaron que el gasto público para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual con la que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.

Previo a esto, la medida había sido fuertemente criticada por el Gobierno, debido al impacto fiscal que su aplicación representaría para las arcas del Estado nacional. Una postura que no se modificó con el paso de las semanas, ya que en los últimos días una fuente cercana a Casa Rosada anticipó a Infobae que la ley de emergencia pediátrica sería vetada.

“Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, sostuvo uno de los integrantes del estrecho círculo íntimo presidencial, al hacer referencia a los $65.573 millones que tendría que desembolsar el Tesoro Nacional, según las estimaciones realizadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En esa oportunidad, desde Balcarce 50 también hicieron referencia a los rechazos que se emitirían contra la Ley de Financiamiento Universitario y la norma que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la cual reanudaría las tensiones con los gobernadores. Sin embargo, esta última aún no está confirmada.

Hasta el momento, la iniciativa que promovía un incremento en la asignación de recursos para las universidades nacionales fue la primera del conjunto de leyes en ser vetada por el Presidente. Pasadas las 19:00 horas del miércoles, se confirmó que el mandatario había firmado la anulación y había redirigido el documento hacia el Congreso.

La declaración de emergencia sanitaria se había consolidado como una de las victorias de la oposición en el Palacio Legislativo. La misma había surgido como una intención de darle respuesta al reclamo sostenido por los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron varias movilizaciones para exigir la sanción de una ley de emergencia pediátrica y un aumento salarial.

A raíz de esto, se presentó un proyecto que destacaba la implementación de una "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”, para garantizar el tratamiento de los pacientes y la calidad de los servicios brindados.

Respecto al reclamo laboral, la normativa establecía la recomposición inmediata de los salarios para el personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a la población pediátrica. En línea con esto, el documento planteaba la evaluación de un ajuste salarial realizado bajo criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas.

La medida también incluía a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que trabajen en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. Asimismo, indicaba que la recomposición no podía ser inferior a la que estos trabajadores percibían en términos reales en noviembre de 2023, lo que representaba un piso para la actualización de los haberes.

Otra medida relevante se trataba de la eximición del pago de ganancias para todo el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados, siempre que estos realizaran actividades críticas, horas extras o guardias. La misma buscaba reconocer el esfuerzo adicional de quienes cumplen funciones esenciales en el sistema sanitario pediátrico.

Por otro lado, como símbolo del reclamo, el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan había sido declarado como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad, un título que consolidaba su papel central en la red de salud infantil del país.