Según la resolución 51/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto quedará absorbido por la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias, en el marco de una «reorganización administrativa». En términos políticos concretos: se disuelve un organismo con autonomía operativa y técnica, con personal especializado y programas de asistencia directa a pacientes oncológicos, en nombre de una supuesta eficiencia burocrática que no es otra cosa que ajuste salvaje.

Una decisión criminal disfrazada de “reforma”

Desde el Ministerio de Salud afirman que las funciones del Instituto “serán absorbidas por áreas existentes”, repitiendo el libreto neoliberal que reduce la salud a una cuestión de administración interna. Pero detrás de esa frase vacía se esconde una realidad preocupante: desmantelar el INC implica retroceder décadas en políticas sanitarias públicas diseñadas para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer en el país.

El Instituto contaba con programas fundamentales como el de prevención del cáncer de cuello uterino, de mama, colon y próstata, además de investigaciones clínicas y formación de profesionales. También articulaba políticas públicas con las provincias, garantizando el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos en todo el territorio nacional. Su eliminación deja a miles de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en contextos donde el sistema de salud provincial ya está colapsado por la falta de recursos.

Una política de abandono a los más vulnerables

La medida no sorprende. Milei ya había eliminado el Ministerio de Salud durante su paso por el Congreso y como presidente profundiza ese camino de destrucción del sistema sanitario público. En paralelo al cierre del INC, el Gobierno también eliminó el Instituto Nacional de las Enfermedades Cardiovasculares, otra pieza clave en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles que afectan a millones de argentinos.

Ambas decisiones fueron tomadas sin consultar a especialistas ni a la comunidad científica. No hubo debate público, ni informes técnicos que respaldaran la supuesta “reorganización”. Solo un decreto con firma, tinta y sangre.

Un recorte que cuesta vidas

Lejos de ser una medida neutra o meramente administrativa, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer es una decisión con consecuencias directas en la vida de las personas. Menos prevención, menos diagnósticos precoces, menos investigación, menos formación médica, más desigualdad. Porque si el Estado se retira, no todos pueden pagar una mamografía, un PAP o un tratamiento de quimioterapia.

En un país donde se detectan más de 130 mil casos de cáncer al año y donde más de 70 mil personas mueren anualmente por esta enfermedad, cerrar el organismo que coordinaba las políticas públicas para enfrentar esta epidemia es lisa y llanamente una política de exterminio social encubierta en lenguaje tecnocrático.

Silencio oficial y repudio social

Mientras el gobierno guarda silencio o justifica con frases como “achicar el Estado para que crezca la libertad”, los profesionales de la salud, pacientes oncológicos y organizaciones civiles ya expresan su repudio. Desde distintas asociaciones alertaron que esta decisión representa un retroceso inadmisible en el acceso a derechos fundamentales.

No es solo el cierre de un organismo: es el cierre de oportunidades para vivir. Porque en el modelo de Milei, los únicos que merecen asistencia médica son los que pueden pagarla. El resto, que se arregle como pueda.

Fuentes:

• https://www.ambito.com/politica/el-gobierno-anuncio-reformas-el-ministerio-salud-oficializaron-el-cierre-del-instituto-nacional-del-cancer-n6164810/
• https://www.minutouno.com/politica/el-gobierno-elimino-el-instituto-nacional-del-cancer-y-el-las-enfermedades-cardiovasculares-n6164806
• https://www.laizquierdadiario.com/Milei-y-Lugones-preparan-un-decreto-para-cerrar-el