El presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) , sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial, al cumplirse el límite del plazo constitucional de diez días hábiles.

De esta manera, tras días de demora, el Ejecutivo rechazó las tres legislaciones, mediante el Decreto 534/2025, argumentando que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes y presentaron graves irregularidades en su tratamiento legislativo. El veto fue firmado por el Presidente y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.

Con respecto a las jubilaciones, la ley aprobada en ambas cámaras fijaba un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% —excepto los regímenes especiales— y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Además, planteaba la restitución por dos años de la moratoria, que permite que las personas que no cuenten con los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.Según sus cálculos, esas medidas representan una suba del gasto del 1,68% del PBI y fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Ejecutivo estimó que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.

“Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había anunciado Milei ante la Bolsa de Comercio semanas atrás, después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.

La decisión de Javier Milei no se limita a un simple acto de gobierno, sino que se inscribe en un contexto de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para sostener el veto con el apoyo de una parte de Diputados, de modo que necesita evitar que haya dos tercios de legisladores presentes que voten a favor de rechazarlo en una de las dos cámaras.