El Gobierno inició el proceso de privatización total de Enarsa (Energía Argentina), la empresa creada en 2004 y a través de la cual el Estado realizó las obras de mayor relevancia para la infraestructura energética y productiva del país.
La venta de esa compañía estatal clave se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.
La medida fue confirmada a través del Decreto 286/2035, a través del cual se autoriza, mediante concurso público nacional e internacional, la venta del 100 por ciento de las acciones de Enarsa en Citelec SA, la compañía controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país.
El próximo paso para que esto finalmente se concrete lo dará el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, que “dictará las normas operativas y complementarias que resulten necesarias” y dará luz verde a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la unidad ejecutora especial temporaria creada para desguazar el Estado.
A través de un comunicado, desde el Gobierno se preocuparon a instalar la maliciosa idea de que Enarsa “requirió transferencias millonarias del tesoro nacional” para sostener su propia estructura que “no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado nacional y la gestión de los servicios públicos”.
Por eso, su privatización “apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades como la transmisión eléctrica”.
A través de un texto lanzado por los canales de comunicación del Gobierno, se sostuvo que “la medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos”.
“El sector privado no solo puede hacerlo mejor –aduce el comunicado-, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación”.
Lo cierto es que la venta de Enarsa significará trasladar al sector privado una estructura que durante 20 años realizó estudios, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, así como también tareas de transporte, almacenaje, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados.
El mensaje del Gobierno es que ahora “el Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético”.
