Además, se le impuso reglas de conducta por el término de 2 años entre las que se encuentran fijar residencia, de la que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso, y someterse al cuidado de Patronato de Liberados.
La causa se inició en enero de 2023 por un control realizado por personal del comando de Prevención Rural de Villarino, a través del cual se constató que el comerciante tenía en su negocio cortes cárnicos bovino, embutidos y milanesas que carecían de los sellos correspondientes de sanidad por lo que fueron secuestrados, ya que representan un peligro para la salud pública.
Parte de la carne se encontraba exhibida en una heladera del negocio y el resto dentro de la cámara de frío.
