La sesión preparatoria de la fiscal impositiva tuvo dos ejes centrales, relacionados con la posibilidad de crear una tasa destinada a fortalecer las áreas de Salud y Seguridad. Esta era, al menos, la intención del Ejecutivo municipal liderado por el intendente Aristimuño.

Sin duda, se trataba de un proyecto tan “necesario como polémico”, al punto de que incluso el bloque aliado, Bien Común, no acompañó la iniciativa. De este modo, se sumó al frente opositor que frustró la posibilidad de que el municipio dispusiera de los fondos proyectados para esta medida.

En un parte de prensa, el bloque del PRO-ARI manifestó: “La creación de una nueva tasa de seguridad no está justificada”.

“Reconocemos que el Municipio debe afrontar gastos relacionados con insumos y combustibles para los patrulleros, pero esto no basta para imponer una nueva tasa. Esta responsabilidad recae originalmente sobre la Provincia; y el intendente, que presume de su buena relación con el gobernador Kicillof, debería gestionarlo sin cargar nuevos impuestos al vecino”, sostuvo el concejal Aramayo.

Por su parte, el bloque Bien Común, aliado al oficialismo hasta la sesión, expresó su postura a través del concejal Medina, quien aseguró: “La tasa de seguridad era abusiva. No puede votarse algo inconstitucional, gobierne quien gobierne”.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) ya había argumentado su negativa, señalando: “Es un atropello seguir incrementando cargas impositivas sobre los vecinos cuando, durante todo un año, esto no se ha reflejado en ningún tipo de prestación”.

El bloque unipersonal de Primero Rosales fue muy crítico con los bloques opositores, calificándolos de irresponsables y arremetiendo con contundencia:

“Desde Primero Rosales no vamos a recortarle al Hospital Eva Perón el presupuesto necesario para seguir atendiendo a tantos vecinos rosaleños, con un aumento del 300% en medicamentos, y afrontando la quita de medicación por PAMI. Ya se han destinado 814 millones de pesos solo en medicamentos, se han realizado 1.100 cirugías y ha aumentado notablemente la cantidad de pacientes atendidos en los CAPS y el propio hospital.

No vamos a dejar sin presupuesto a Desarrollo Comunitario cuando está asistiendo a 1.500 familias. No vamos a permitir que los móviles policiales dejen de recorrer la ciudad para prevenir delitos, utilizando 30 litros de combustible por móvil al día. Nuestra manera de hacer política es atender las necesidades de los vecinos, no 'rosquear' políticamente de manera mezquina, como lo hacen personas que no tienen necesidades reales, e incluso, algunos, ni siquiera van a trabajar.

Es evidente que desconocen la finalidad de la reserva de dinero que figura en la Situación Financiera. Claro, ni siquiera asistieron para escuchar a los funcionarios, porque el trabajo en el HCD no es una prioridad para ellos”, sentenció la concejal Liliana García.

Finalmente, cabe destacar que la votación quedó firme con 13 votos en contra y 5 votos a favor de la iniciativa.