“Presentaste el RIGI bonaerense, ¿de qué se trata el proyecto?”, fue la primera pregunta en la conferencia de prensa. “En primer lugar, no es un RIGI, que po su nombre es un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, este es un Régimen de Promoción de Inversiones Estratégicas”, fue la respuesta de Augusto Costa que dejó claro que la iniciativa provincial "es otra cosa". La situación se dio en la Legislatura, donde el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se acercó a presentar y responder las preguntas del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

La exposición de Costa sobre el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas se sustentó en dos conceptos: ampliar y complementar. ¿Por qué? Porque el régimen bonaerense no sólo contempla beneficios tributarios para inversiones de más de 200 millones de dólares, como lo hace el nacional. También incorpora al universo de proyectos que está por debajo de ese monto y establece un piso de acceso de 5 millones de dólares. Por ende, amplía la inclusión.

Y la complementación se da porque también otorga reducciones impositivas a las grandes inversiones, aunque, al igual que con aquellas de menor envergadura, establece una serie de requisitos que marcan una “lógica diferente” con el marco normativo de Javier Milei.

Básicamente, se pueden presentar tres ejes sobre los cuáles se percibe la lógica diferente:

* El régimen bonaerense brindará beneficios en lo que respecta al impuesto inmobiliario, sellos e ingresos brutos, a inversiones que no sólo estén por encima de los 200 millones de dólares, sino que incorpora a las que estén por debajo de ese monto. A su vez, determina una escala que favorece a las inversiones de menor monto porque las considera de “mayor impacto”, por ejemplo, en localidades del interior.

* Establece que un 50 por ciento de los proveedores de los que se nutra un proyecto de más de 50 millones de dólares, debe ser de la provincia de Buenos Aires con el fin de sostener el entramado PyME provincial. En el RIGI de Milei, las empresas no tienen la obligación de adquirir bienes en el país y tienen la libertad de elegir por precio.

* La norma bonaerense determina beneficios extras si se cumplen una serie de requisitos, como ser, un incremento en los puestos de trabajo, si sustituye importaciones, si incrementa las exportaciones, si se adecua a la política de género provincial, o si se desarrolla con sostenibilidad ambiental.

Este combo es, para Costa, al frente desde el ministerio desde que asumió Axel Kicillof en 2019, lo que pone de manifiesto que el proyecto de ley del régimen bonaerense hace hincapié en “el impacto productivo, económico y social por delante del beneficio” propiamente económico para la Provincia.

“Únicamente acceden al beneficio aquellos proyectos que demuestren dar valor agregado a la Provincia, más empleo, sustentabilidad ambiental o sustituyen de importaciones”, apuntó Costa. “Si lo demuestra, se aplican beneficios, por lo que es diferente a la lógica nacional donde, básicamente, no hay objetivos explicitados”, agregó el funcionario ante la prensa a la salida de su exposición frente a las autoridades de la Cámara de Diputados provincial y presidentes de los bloques.

En este marco, Costa destacó la voluntad de diálogo de todas las fuerzas políticas y, ante la consulta, aclaró que ningún legislador preguntó si la Provincia va adherir al RIGI nacional. “No porque quedó claro que no hace falta adherir a la ley nacional para que se apliquen los beneficios nacionales que están vigentes”, señaló.

El Régimen Provincial

Como bien sostuvo Costa, la denominación del proyecto de ley que ingresó a la Legislatura es el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. Es en su séptimo artículo donde se establece uno de los ejes diferenciales con la normativa nacional. Los montos de los proyectos que pueden acceder a los beneficios están distribuidos en tres segmentos: de 5 millones de dólares hasta 50 millones, desde 50 hasta 200 y aquellos que superen los 200 millones de dólares.

Para aquellos proyectos que pretendan invertir entre 5 y 50 millones de dólares, las exenciones en el pago de ingresos brutos, sellos e impuesto inmobiliario serán por cinco años y por un 35 por ciento. Para las que superen los 50 pero estén por debajo de los 200 millones, durarán cuatro años pero por sólo el 25 por ciento. Si son mayores de 200, sólo por tres años y de un 20 por ciento.

Cuando se habla de proyectos de inversión, la iniciativa provincial contempla a la industria manufacturera, a los servicios como el turismo y la logística y otros servicios, y a los intensivos en recursos naturales, como la minería, energía, petróleo o gas. Además, remarca el texto de la norma, “podrán estar alcanzados por el presente Régimen aquellos proyectos que sean declarados de interés estratégico por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires”.

En relación al contenido de los proyectos, la medida presentada pro Costa hace referencia a que deben contemplar algunos de las tres opciones indicadas:

* Planta o inversión nueva.

* Ampliación de planta o ampliación de instalaciones existentes, cuando el incremento de la “capacidad teórica de producción sea como mínimo del 30 por ciento”, pero sin disminuir la cantidad de empleados.

* Nuevo proceso productivo, cuando la nueva inversión sea superior al 30 por ciento del “valor del activo fijo existente según libros a moneda constante o valor de mercado, de los dos el mayor y no se reduzca el empleo”.

Uno de los saltos cualitativos del proyecto provincial que lo diferencia del nacional, es que todas las inversiones tendrán que presentar un cronograma en el que se llevará adelante la inversión. También tendrán que explicar la fuente de financiamiento, el volumen de importaciones a sustituir, la proyección de creación de empleo, el plan ambiental y la mitigación de impactos, las acciones contempladas para avanzar en la equidad de género en el ámbito laboral, el programa de innovación y desarrollo tecnológico que contemple el trabajo conjunto con organismos estatales e instituciones académicas, y un plan de desarrollo de proveedores provinciales.

Este último punto, es uno de los ejes donde la Provincia marca su distancia con la Nación. Para aquellas inversiones que se ubiquen por encima de los 50 millones de dólares, al menos el 50 por ciento del monto total destinado al pago de proveedores destinado a la contratación y adquisición de bienes, servicios u obras, debe ser en empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.

Además, existirá la posibilidad de incrementar los beneficios si se cumplen determinados objetivos, propios de la política pública provincial y no amparadas por el Gobierno nacional. De esta manera, las inversiones podrán contar con una ampliación de dos años más de beneficios y un 10 por ciento extra en caso de que incrementen el empleo, se ubiquen en lugares desfavorables o parques industriales, sustituyan importaciones o innoven tecnológicamente.

En los casos de cumplir objetivos como el incremento de exportaciones, avanzar en política de género o cumplir con la sustentabilidad ambiental, la extensión en los beneficios será de un año más y con un 5 por ciento sobre los ya contemplados.

Las miradas

Desde Unión por la Patria, Alexis Guerrera, integrante del Frente Renovador, remarca a Buenos Aires/12 que “no es importante” la comparación con el RIGI nacional. “Como explicó Costa, con el proyecto de Kicillof se hace hincapié en objetivos de la Provincia en términos productivos, la sustitución de importaciones, ampliar las exportaciones, en la territorialidad asignando mayor nivel de acompañamiento fiscal a aquellas que se radiquen en zonas desfavorables”, señaló el ex ministro de Transporte de la Nación.

“Viene a ampliar a sector no contemplado por RIGI nacional”, apuntó Guerrera, y subrayó que la asignación de los beneficios “no es automática” como la ley de Milei, sino que hay que requisitos a cumplir. A su vez, “otorga beneficios si se cumplen objetivos, una mirada que no existe en el plano nacional”.

Respecto a la posibilidad de potenciar el interior bonaerense, el ex intendente de General Pinto sostuvo que, al ampliar las posibilidades, el régimen bonaerense se vuelve “exclusivo” por contemplar inversiones por debajo de los 200 millones de dólares. “Por ahí al interior no llega una inversión de 120 millones de dólares, pero sí de 6 o 7 millones, que genera empleo, derrama recursos hacia proveedores locales y regionales, lo que es una medida muy inteligente”, remarcó.

Desde el bloque Unión, Renovación y Fe, la bancada que nació de los diputados que no comulgaron con la ortodoxia de La Libertad Avanza, Gustavo Cuervo, su presidente, consideró que el proyecto, “en principio, es positivo”. En diálogo con este medio, apuntó a que será necesario estudiar el texto de la ley, reconoció la importancia de apostar al “desarrollo de proyectos no tan ambiciosos pensando más en pueblos del interior” y afirmó que, más allá de la discusión nacional, “básicamente hay que acompañarlo”.

En la UCR que responde a Facundo Manes, Claudio Frangul sostuvo que “como concepto de favorecer inversiones que sean sustentables, cuiden el ambiente, generen empleo, uno está de acuerdo”. Pero, al igual que Cuervo, remarcó que se debe estudiar el proyecto completo como para tomar una postura definitiva al respecto.

En la otra vereda radical que tiene su termina en Maximiliano Abad, Diego Garciarena aseguró que “siempre suma que venga un ministro a dar explicaciones, pero hubiera sumado más si estuviera el proyecto de ley”. “Discutimos un proyecto de ley sin tener el proyecto de la ley, es muy difícil así”, señaló el diputado a este diario.

En el PRO, el senador Alejandro Rabinovich, presidente del bloque amarillo en la Cámara Alta, indicó que, desde su perspectiva, “la Provincia está armando un régimen distinto al nacional pero no quedó claro qué deberán tramitar aquellos proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares”. “Así no compite con otras provincias buscando esas inversiones y además es muy subjetivo a quien se le da el beneficio porque va de la mano de requisitos que define la Provincia”, agregó.

“La Provincia debe buscar inversiones como el régimen nacional y adherir a la norma nacional”, dijo Rabinovich.