La caída en picada de la actividad económica y la falta de perspectivas reales de recuperación a corto plazo empiezan a multiplicar los despidos en la industria. La planificación de grandes empresas para el año ya contemplaba un frenazo de la producción, pero el impacto recesivo de la devaluación y del brutal ajuste fiscal, sin compensaciones suficientes por el lado de los ingresos, está produciendo un derrumbe más acelerado y más violento de lo previsto. 

De acuerdo a la Unión Industrial Argentina, ya en enero un 20,9 por ciento de las fábricas había cesanteado trabajadores, contra solo un 6,6 por ciento que incorporó personal. Fue el segundo mes consecutivo con destrucción neta de puestos de trabajo, en una tendencia creciente, que se consolidó en febrero y seguirá subiendo los próximos meses. La situación encuentra claros puntos de contacto con lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el empleo fabril cayó en 46 de los 48 meses de gestión. 

Ahora la crisis se extiende como una mancha de aceite entre los distintos rubros fabriles y castiga no solo a las pymes, sino también a firmas líderes de insumos difundidos, como lo demuestra el caso de Acindar. La compañía ya anunció la paralización de sus cuatro plantas durante un mes, pero quienes conocen la situación de cerca advierten que la medida podría sostenerse algunas semanas o repetirse en pocos meses. De ahí que sus trabajadores realizaran esta semana un corte de la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución, con el acompañamiento de la CGT, para reforzar su plan de lucha.

"Desde el segundo semestre de 2023 hubo una estrategia de stockeo por parte de las industrias para anticiparse a la devaluación que casi todos esperaban con el nuevo gobierno. Por eso ahora los proveedores de insumos difundidos están complicados: tienen estructuras de costos elevadas, inflexibles a la baja y dolarizadas, con una demanda que no deja de caer", explican desde una de las cámaras fabriles, pidiendo reserva de identidad. 

La recesión es el plan

"La recesión no es un subproducto del plan de estabilización que ocurre desgraciadamente, sino que es un elemento central del programa en el intento del Gobierno por bajar la inflación", explica Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central en la gestión anterior. "Lo que están haciendo es matar al paciente para bajar la fiebre", comparan desde la cámara empresaria.

El objetivo del Gobierno es lograr una disminución marcada del índice de precios a partir de abril para empezar a cambiar las expectativas respecto de la caída de la economía. Su apuesta es dinamizar la inversión privada como factor de impulso de la actividad, asentada en una plataforma de ordenamiento fiscal, monetario y cambiario. Todo ello debería generar una corriente de confianza entre los empresarios para que empiecen a arriesgar capital y sacar a la economía del fondo del pozo. 

Ese modelo, sin embargo, que es la gran esperanza del oficialismo, a esta altura hace agua por todos lados. "El desacomodo de la economía va más rápido que la estabilización por caída de actividad", alerta Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior. "Tasas de inflación tan altas desde diciembre anularon prácticamente la ganancia de competitividad de la devaluación inicial. Para fines de abril y mayo, cuando debería empezar la liquidación fuerte de divisas del sector agroexportador, es cada vez más probable que el Gobierno afronte una situación de atraso cambiario y se vea presionado para generar otro ajuste del dólar oficial. En ese caso, el objetivo de bajar la inflación quedará postergado y todo el plan puede desmoronarse", analiza.

"Los productores que están vendiendo la cosecha lo hacen mayormente con precio a fijar. Eso significa que prevén que pueda haber una devaluación o una ampliación de los beneficios que otorga el Estado para liquidar las divisas en el contado con liquidación", señala Carrera.

La sostenibilidad del equilibrio fiscal también aparece amenazada. El superávit de enero se logró a costa de cancelar pagos a proveedores del Estado, suprimir transferencias a las provincias, congelar la obra pública y licuar ingresos de jubilados y sectores vulnerables. "No es un esquema sustentable. Cuánto más se puede seguir así. Empezarán a estallar las provincias, sobre todo las más grandes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza tienen estructuras de recaudación dependientes del impuesto a los Ingresos Brutos, que está cayendo más que el IVA", señala Carrera.

Sin V

"A partir del otoño vamos a ver un aumento fuerte de la desocupación. La tolerancia social al ajuste se resentirá cuando eso ocurra, porque en un contexto de alta inflación el desempleo se volverá intolerable", evalúa Feletti. Para revertir la situación el Gobierno debería aumentar las transferencias a sectores vulnerables y jubilados, reactivar las obras de infraestructura y expandir el gasto público, todo lo contrario al programa en marcha. Como Feletti supone que nada de eso ocurrirá, anticipa un agravamiento de la recesión antes que la recuperación en V que promociona el Gobierno.

"Veo complicado que pueda haber una salida en V o en U, porque en este momento no existen fuentes virtuosas por el lado de la demanda. No veo motores para que la economía deje de caer y revierta el ciclo. El consumo privado es casi el 70 por ciento del PIB, por lo cual tendría que haber un crecimiento explosivo de la inversión y de las exportaciones para compensar esa caída. En el primer caso no creo que ocurra. La inversión está con una retracción fuerte en este contexto. Las exportaciones pueden mejorar, pero no será suficiente para cambiar el escenario", sostiene Carrera.

"La inversión puede crecer de la mano de sectores dinámicos como la minería, la energía o los hidrocarburos, pero en el resto de la economía veo desinversión y cierre de empresas. Eso agravará el problema de la desocupación", concluye el economista.