La impactante investigación que explotó a mediados de este año, conocida como "la casa del horror" en Punta Alta, relacionada con una familia que supuestamente prostituía a dos niñas, llegó a su fin.

El fiscal Marcelo Romero Jardín -heredó la causa hace algunos meses- formuló la requisitoria de elevación a juicio y la Justicia de Garantías convalidó el pedido, según se informó.

Es decir que los cuatro integrantes del grupo familiar acusado de drogar a las menores para prostituirlas, a cambio de dinero, serán sometidos próximamente a juicio, bajo cargos importantes.

Los allanamientos que conmocionaron a nuestra región y echaron luz al caso que venía siendo investigado desde hacía casi 3 años se dieron el 24 de mayo último.

En ese momento fueron detenidos un suboficial primero de la Armada, padre de las menores; la abuela y el tío paternos (el hombre tiene domicilio en Neuquén), además del padrino de una de las niñas, que también es militar y fue detenido en el edificio Libertad, sede de la citada fuerza en la avenida Comodoro Py al 2000, Capital.

Ninguno fue identificado para preservar la identidad de las víctimas.

La acusación cree tener pruebas suficientes para acreditar que las niñas fueron ultrajadas, de distinta manera, a partir de 2011 y desde que tenían 6 y 8 años de edad, y que sufrieron un verdadero calvario en un ámbito que debería haber sido contenedor.

Quiebre y confesión

Esta historia de terror salió a la luz un día de septiembre de 2020, cuando la madre de las chicas, que para ese momento ya tenían 16 y 18 años, llegó del trabajo y se encontró a ambas hablando, una de ellas muy angustiada. Esa charla derivó en el quiebre y la confesión de las jóvenes y la posterior denuncia de la madre.

La mujer, que trabajaba largas horas fuera de su hogar, empezó a atar cabos. Cobraron fuerza aquellos pensamientos borrosos que tenía sobre abusos de los que ella misma habría sido víctima, pero que no podía refrescar por los posibles efectos de los somníferos recibidos.

"Son delirios tuyos", le habría dicho su marido cuando ella le contó.

Con la versión de sus hijas, supo ese día que vivían bajo un techo de increíble perversidad.

La madre finalmente denunció, la investigación cayó en manos de la fiscal Marina Lara -entonces a cargo de una de las unidades que investiga delitos sexuales- y sobre esa fecha se realizó un allanamiento en la vivienda de la calle Pellegrini, en Punta Alta, la misma donde ayer detuvieron a la abuela (que tiene más de 70 años y quedó bajo arresto domiciliario).

En ese operativo se secuestraron celulares, cuyo contenido fue una de las claves del avance.

También la batería de pericias, las declaraciones de las víctimas y otras pruebas que confirmaron las sospechas del terror.

De esa manera se llegó a que la Justicia de Garantías ordenara las detenciones.

Hace algunos meses, la fiscal Lara había reconocido que las víctimas, hoy con 17 y 18 años, "están muchísimo mejor de lo que estaban".

"Cuando se inició la investigación no creía posible que estuvieran en condiciones de declarar, por el grado de afectación, pero ahora les va muy bien en sus actividades y estudios. Han tenido un grupo de profesionales que las han contenido desde el momento de la denuncia, también su madre y allegados a ella", dijo Lara.

Modalidad de "arrastre"

A la resolución del caso posiblemente se llegue a través de un juicio por jurados. 

Esta alternativa es facultad de los acusados y, según trascendió, al menos uno de ellos -asesorado por el abogado Valentín Fernández- habría optado por esa vía.

La ley prevé que en el caso de que al menos uno de los procesados decida ir a juicio por jurados, el resto será juzgado bajo la misma modalidad, por efecto de arrestre.

Al momento de ser indagados, la fiscal de instrucción, Marina Lara, imputó al padre, la abuela y el padrino de organizar las citas sexuales de los adultos con las niñas a cambio de dinero y, para doblegar la resistencia de las pequeñas, darles drogas y amenazar
las con matar a otros familiares (incluso la abuela se disfrazaba para asustarlas).

El padre y el tío, a su vez, están acusados de abusar de la madre denunciante, a quien también dormían bajo sedantes.

Y el padre, el tío y el padrino, por último, también están sospechados de violar a las dos jóvenes, que al menos hasta el último tiempo recibían asistencia psicológica y psiquiátrica en un hospital.

Los aberrantes delitos habrían sucedido no solo en Punta Alta, según pudieron establecer los investigadores. 

También se registraron en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego), donde la familia también convivió un tiempo por razones de índole laboral.

lanueva